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Daniel Cela / Sevilla / 22 sep 2015 / 14:20 h. En Andalucía hay controladas 514 emisoras de radio (298 municipales y 216 privadas) y 189 cadenas de televisión (134 privadas y 35 públicas). Este es el mapa radioléctrico legal de una comunidad autónoma que, según estimación de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial, cuenta con casi 300 emisoras piratas o sin licencia, un espectro que está haciendo mucho daño al sector audiovisual andaluz, y que la Junta se propone ahora regular a través de una ley. La implantación de la televisión digital terrestre (TDT) amplió la oferta de canales en Andalucía, pero también dejó la puerta abierta para que se colaran decenas de emisoras irregulares. A junio de 2014, la Junta había conseguido captar las ondas de 155 canales locales, de los que más de la mitad (78) carecían de licencia. El Consejo Audiovisual de Andalucía emitió un informe alertando de la “consolidación” de esta situación de impunidad en el sector, y reclamó más implicación a los poderes públicos. La ley estatal que regula el sector, de 2010, se había mostrado insuficiente para acotar el estallido de emisoras que supuso la llegada de la TDT. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía, una norma con la que busca poner orden en “un sector estratégico para la economía y la cohesión social andaluza”, y que introduce medidas para garantizar el servicio público de las emisoras y televisiones locales, evitando “privatizaciones o externalizaciones”. (…) La ley andaluza prevé, por primera vez en España, la regulación de las emisiones de universidades y centros educativos. La norma andaluza introduce sanciones no sólo a las emisoras ilegales, sino también a quienes se anuncien en ellas, y en este aspecto pone el foco especialmente en los propios ayuntamientos, que muchas veces son los que más se anuncian y más ingresos por publicidad dejan a las emisoras pirata. La Junta reforzará la inspección para localizar los canales pirata y creará la figura del “colaborador necesario”, alguien que ayudará a los inspectores a acceder a parcelas, comunidades o edificios privados donde haya instaladas torres de emisión ilegales. Las sanciones oscilan entre los 10.000 euros y el millón de euros, siendo la multa más grave para las televisiones sin licencia. (…) Con ánimo de apoyar la actividad económica del sector audiovisual, la futura ley contempla un sistema de incentivos a empresas del sector, bonificaciones fiscales y ayudas a la financiación para respaldar proyectos de creación, producción, distribución, exhibición y promoción exterior. La cantidad de las ayudas e incentivos estarán reguladas en el futuro Plan de Ordenación e Impulso al Sector Audiovisual, que se tramitará de forma paralela a la ley.