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15/09/2018 – 21:45h

Hace casi un año, el 29 de septiembre de 2017, se conocía la incoación de un procedimiento sancionador por parte de la Secretaría General de Medios de la Xunta de Galicia contra CUAC FM, emisora comunitaria coruñesa que llevaba 21 años en antena. La radio dejó de emitir el 1 de octubre -aunque continuó su vida en Internet- y presentó un recurso, recordando que siempre había actuado de buena fe y que en varias ocasiones había solicitado una licencia de emisión, prevista en la Ley del Audiovisual de 2010, una norma que sucesivos Gobiernos se han negado a desarrollar. El expediente sancionador (que podía haberse convertido en una multa de 200.000 euros) fue archivado a finales de febrero, en una resolución que aceptaba los argumentos presentados por la emisora y que reconocía que la Ley del Audiovisual se está incumpliendo. Sin embargo, el Gobierno gallego advertía de que esa resolución “rompe cualquier expectativa de Cuac para volver a emitir en la FM» y amenazaba con nuevos expedientes sancionadores en el caso de que la radio volviese a emitir por ondas.

CUAC consideró que la Xunta estaba haciendo de una interpretación restrictiva del derecho constitucional a comunicar recogido en el artículo 20.1.a) de la Constitución e interpuso un recurso contencioso-administrativo por violación de los derechos fundamentales. El recurso fue admitido a trámite este verano por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), que todavía lo está estudiando. Sin embargo, como el fondo del asunto afecta a la protección del ejercicio de derechos fundamentales, el Ministerio Fiscal acaba de emitir un informe previo en el que le da la razón a la emisora comunitaria y concluye que la Xunta está vulnerando los derechos fundamentales de CUAC al impedirle emitir por FM.

El informe alerta sobre todo contra la advertencia lanzada por el Gobierno gallego sobre la imposibilidad de CUAC «para volver a emitir en la FM» y critica que se aproveche «una actividad sancionadora para ir más allá de la comprobación de hechos sancionables y derivar consecuencias de futuro». Subraya además que la resolución de la Xunta supone «una orden de cesación de una actividad de emisión audiovisual garantizada por el artículo 20 de la Constitución Española».

La Fiscalía señala la imposibilidad legal de CUAC para regularizar su situación, lo que lleva a la emisora a un «limbo jurídico», algo de lo que responsabiliza a la falta de desarrollo de la Ley 7/2010 de Comunicación Audiovisual: «El desarrollo de esta normativa y su puesta en funcionamiento no se ha producido, por lo menos en la Comunidad Autónoma de Galicia. Eso supone un incumplimiento de un mandato legislativo por parte de alguien que constitucionalmente está obligado a cumplir y dar ejecución de lo dispuesto por el representante popular. Y además coloca, como en este caso, a aquellos que están ya presentes en el uso del espacio radioeléctrico en una situación de limbo jurídico, pues no pueden regularizar su situación, y pueden quedar al albur (como en este caso) de que la Administración decida usar sus potestades sancionadoras».

El Ministerio Fiscal recomienda finalmente que «se dicte sentencia en la que se declare la lesión del derecho a crear medios de comunicación social» por parte del Colectivo de Universitarios Activos (CUAC). CUAC «aplaude» el posicionamiento de la Fiscalía, «que reconoce que la Xunta de Galicia está imponiendo una situación de facto que impide el ejercicio de derechos fundamentales» y anuncia que, de momento, seguirá emitiendo únicamente a través de Internet pero que «empleará todos los medios de los que disponga para garantizar el cumplimiento real y efectivo de los derechos del público a recibir información y opinión a través de medios comunitarios, ya que las administraciones públicas parecen ineficaces para eso» (…)