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1 febrero, 2020 02:53

En un documento oficial de la Junta de Andalucía fechado el pasado 13 de diciembre y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la directora general de Comunicación Social, Marta Olea, confirmaba que este departamento había comprobado el cese de estas emisoras (más la frecuencia de Rock FM Málaga) «sin título administrativo habilitante».

De esta manera, la Junta respondía a una denuncia del periodista José Antonio Abellán -ex director de Deportes de la emisora de los obispos- que el 13 de enero de 2019 denunció que estas cinco frecuencias no tenían la autorización para emitir y que, por tanto, vulneraban la Ley General de Telecomunicaciones.

Es base a esta denuncia, la Junta y su Dirección de Comunicación Social comprobó que estas emisoras funcionaban en frecuencias en las cuales no tenían autorización —conocidas popularmente como radios piratas— y, por tanto, procedió a su cierre.

De hecho, en la carta a la que ha tenido acceso este diario se indica expresamente «que se ha comprobado el cese de las emisoras denunciadas», por lo que el organismo dio por finalizado el expediente.

El problema es que un mes y medio después de que la Junta constatara oficialmente que estas emisoras estaban cerradas, todas ellas han vuelto a escucharse en sus respectivos diales en los que -confirmó la Administración autonómica- no tenían licencia para operar.

Como se puede comprobar  (…) todas ellas siguen funcionando en sus respectivas delimitaciones sin que la Junta de Andalucía haya hecho nada para impedirlo. 

De hecho, el propio Abellán volvió a enviar un requerimiento a la Dirección de Comunicación Social de la Junta pidiendo que se volviese a fiscalizar a estas frecuencias que administrativamente constan como clausuradas. Pero no ha recibido respuesta.

En términos prácticos, estas frecuencias habrían incurrido en al menos dos infracciones tipificadas como «muy graves» en la Ley General de Telecomunicaciones: operar sin licencia y desestimar un requerimiento de cese de emisiones.

Esta misma Ley contempla sanciones de hasta veinte millones de euros por cada licencia que opere de manera ilegal y establece que si hay reiteración en la falta (como es este caso) podría dar pie a la inhabilitación de hasta cinco años del operador para la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. 

De esta manera, si la Junta confirmase que estas emisoras siguen operando pese el cierre ejecutado en diciembre, podrían ejecutar un duro golpe legal a Cope Andalucía, en estos momentos dirigida por Adolfo Arjona. 

Si se logra demostrar la relación entre estas emisoras y Cope podríamos estar ante un problema para la cadena de los Obispos ya que la Junta tendría los argumentos para quitarle la licencia de operación en todo su ámbito de actuación, es decir toda la comunidad andaluza, por cinco años (…)