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Según varias fuentes el Gobierno ha asegurado que abrió expediente a Acció Cultural del País Valenciá (ACPV) por las emisiones de Catalunya Radio en la Comunidad Valenciana por una vulneración de la normativa vigente y no para «limitar su libertad de expresión».

Además, el Ejecutivo ha contestado a una pregunta parlamentaria escrita del diputado de La Izquierda Plural Ricardo Sixto sobre las razones por las que decidió abrir este expediente a ACPV, en un «posible intento de perjudicar a ciertos sectores en pleno debate sobre la soberanía catalana», y no hizo lo propio con Intereconomía Radio por emitir en Cataluña sin autorización.

El Gobierno dice que no actuó en el caso de Interecomía Radio, a la que la Generalitat catalana sí precintó los equipos y las instalaciones de Tibidabo por emitir sin título habilitante, porque este tipo de infracciones corresponden con carácter general a las comunidades autónomas, ya que no existía en ese caso factor específico alguno de protección del espectro radioeléctrico ni constituía una reemisión de programación autonómica pública en el ámbito de otra Comunidad Autónoma.

Sin embargo, en el caso de Catalunya Radio en la Comunidad Valenciana, sí actuó porque se trata de un caso de reemisión de la programación de una televisión pública autonómica en el ámbito territorial de otra Comunidad autónoma, con un uso no autorizado del dominio público radioeléctrico. «La competencia sancionadora en este caso, según el Tribunal Supremo, corresponde al Estado y, dentro del mismo, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo», remarca la respuesta parlamentaria.