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La Sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, presidida por la jueza Ana María Martínez Olalla, ha sentenciado, con fecha del 29 de mayo de 2018, la obligatoriedad de la Junta de Castilla y León de “proceder a la convocatoria del concurso solicitado por la parte actora, respecto a las licencias vacantes interesadas por la dicha recurrente…” En términos más comprensibles, la sentencia obliga a la Junta a no demorar más el proceso y convocar “el concurso público (…) relativo a las licencias audiovisuales de comunicación televisiva (TDTL) disponibles en la Comunidad autónoma de Castilla y León”.

Hace unas semanas, en diciembre del pasado año, la Junta ponía en marcha el cumplimiento de la sentencia. En total, se espera que la Junta saque a concurso 63 licencias de televisión digital local, repartidas por toda la Comunidad. A León capital le corresponderían tres licencias, las mismas que a Ponferrada. Otras licencias podrán ir a Astorga y a otras cabeceras de comarca de la provincia.

El primer paso de la Junta ha sido la petición oficial, el pasado 5 de diciembre, por parte del Servicio de Medios Audiovisuales y Régimen Jurídico de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento y Medio de Ambiente de sendos informes a los servicios de Infraestructuras de Telecomunicaciones y al de Evaluación, Normativa y Procedimiento para que estudien e informen sobre “propuesta de Orden por la que se convoca concurso público para el otorgamiento de 63 licencias de comunicación audiovisual, para la prestación de servicios de televisión digital local (TDT-L), de titularidad privada que realicen comunicaciones comerciales en la Comunidad de Castilla y León”.

La Junta se ha venido resistiendo a convocar este concurso alegando que el Gobierno central no había llevado a cabo la revisión del Plan Tecnológico Nacional, argumento que la jueza ha desestimado al considerar que si la citada revisión “no se ha efectuado tras transcurrir más de seis años en que debió realizarse, no cabe imputar a los administrados la dejadez, indolencia o apatía por arte de la Administración”.

La misma jueza base su sentencia en jurisprudencia sentada en otras comunidades autónomas, como las de Asturias y Canarias, que ya han fallado a favor de la convocatoria de los citados concursos públicos. Además, regiones como Navarra, Aragón, Galicia y Extremadura también han puesto ya en marcha sus respectivos concursos de adjudicación de las TDTL.

FIN DEL MONOPOLIO

La adjudicación a lo largo de este año 2019 de las 63 licencias de televisión digital local supondrá de hecho el fin del monopolio televisivo que desde hace dos décadas ejercen en Castilla y León los empresarios José Luis Ulibarri, investigado en varios casos de corrupción, y Méndez Pozo.

La monopolística televisión privada de estos dos empresarios ha recibido en los últimos cinco años cerca de cien millones de euros de subvenciones directas de la Junta, además de otras importantes cantidades en calidad de publicidad institucional por parte de fundaciones e instituciones públicas de Castilla y León (…)